El problema de la movilidad en la Ciudad de México

La Ciudad de México (CDMX) es la urbe más grande e importante del país sin importar el enfoque social, cultural o económico desde el que se analice. En ella habitan 9.2 millones de personas y hay 2.7 millones de viviendas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), es la entidad con el mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional con 3,7 millones de pesos. Además, forma parte de la zona metropolitana más grande del país, por lo que existe una estrecha relación funcional y física con el Estado de México, Morelos e Hidalgo. Esta complejidad de la estructura implica grandes desplazamientos de personas dentro de la zona conurbada, lo que resulta en una problemática de movilidad para la ciudad.

Aunque en los años recientes los esfuerzos en materia de movilidad por parte de las autoridades han sido varios, la complejidad ya señalada y la capacidad limitada de las instituciones por ofrecer una movilidad eficiente y segura, a la par del crecimiento urbano y demográfico, ha generado las condiciones actuales a las que se enfrenta la población en su dinámica cotidiana. 

La situación actual del sistema de movilidad de la CDMX y su funcionamiento ha sido consecuencia de la falta de políticas preventivas para su conservación y mejoramiento; de la desvinculación con la política de desarrollo urbano y vivienda; y la incapacidad del propio Estado por regular prácticas discrecionales de los diversos actores del sistema de movilidad y la impunidad referente al incumplimiento normativo.

Tenemos una ciudad donde las actividades económicas y espacios para el cumplimiento de necesidades básicas como salud, recreación, entre otras, se concentran en zonas específicas, lo que obliga a la gente a realizar grandes trayectos. Situación que se replica en la zona metropolitana. La magnitud y complejidad del problema de movilidad asciende a 34.5 millones de viajes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Encuesta Origen Destino, diariamente se realizan 1‌‌7,3 millones de viajes con origen en CDMX. Mientras que 7,8 millones de personas se desplazan al día, lo que representa el 85.4% de la población de la ciudad. Estos datos nos reafirman la importancia que la movilidad representa para la ciudadanía.

Ante la situación del sistema de movilidad de la ciudad, la población está obligada a invertir grandes cantidades de tiempo, dinero y de oportunidad. De acuerdo con los datos de INEGI, la población en promedio realiza 2.2 viajes al día. Si consideramos que el tiempo promedio por viaje es de 55.8 minutos, en promedio la población utiliza más de dos horas al día solo para trasladarse; si tomamos en cuenta que nos trasladamos principalmente los 250 días hábiles por año, la gente gasta 550 horas al año en viajes, es decir, casi 23 días.

La movilidad es un elemento detonador para las grandes desigualdades que atañen a nuestra ciudad. Al no poder acceder de manera rápida y segura a espacios que permitan el cumplimiento de nuestros derechos básicos, impedimos el acceso pleno al cumplimiento de los derechos humanos. De acuerdo con datos del IMCO, en la ZMVM los usuarios de transporte público pierden $36,2 mil mdp en oportunidades de ingreso, mientras que los usuarios de vehículos particulares pierden $10,8 mil mdp. En total se estima poco más de 47 mil millones de pesos al año, por lo que el costo de trasladarse abona a la desigualdad social.

Además, las condiciones del transporte y la movilidad generan un constante malestar para la sociedad y repercuten en los niveles de estrés y afectaciones en la salud. De acuerdo con los datos de la encuesta origen-destino, sin considerar los 11 millones de viajes que se realizan caminando, los viajes realizados en transporte público representan el 71.2%, los de transporte particular al 26.1 % y los que se realizan en bicicleta 2.5%. Se observa que la mayor parte de las personas utiliza el transporte público, y son éstas mismas quienes hacen hasta 54% más de tiempo en comparación con quien utiliza el automóvil particular.

Lo anterior se debe a la ineficiente operación del transporte público, cuyas fallas se deben a:

• Prácticas discrecionales en la operación de los sistemas concesionados y de mediana capacidad manejadas por coptos de poder. 

• Falta de coordinación entre los propios sistemas y las dependencias que participan en la materia. 

• Falta de mecanismos de seguimiento, regulación, evaluación, supervisión e implementación de sanciones y medidas correctivas (impunidad).

• Falta de mantenimiento, sistemas obsoletos, redes y sistemas insuficientes respecto a capacidad y cobertura. 

• Cobertura espacial desigual en las diferentes zonas de la ciudad.
  

Aún con los esfuerzos recientes por introducir nuevos medios de transporte público, como los sistemas de Metrobús y trolebús, la ineficiencia de redes masivas y la dependencia de la estructura vial afectada por el congestionamiento vehicular generan una solución parcial a la problemática. 

En términos generales, es indispensable pensar en una política integral que considere las diferentes formas y medios de transporte, priorizando el público y los sistemas alternativos. En este sentido, aunque es inevitable pensar en la necesidad de ampliar la cobertura del transporte público, es necesario realizar un diagnóstico puntual de las causas estructurales de la situación actual de la movilidad en la ciudad, enfocado a proponer mejoras de lo ya existente. Para esto se requiere que el gobierno retome la rectoría de la política de movilidad a partir de la reestructuración y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la operación y regulación del transporte.

Si proponemos acciones más concretas en la materia podemos pensar en:

• Centralización en un solo organismo público encargado de la regulación y operación de los diferentes sistemas de transporte público, no a las concesiones, ni prácticas discrecionales.

• Mejora y modernización de los sistemas de transporte públicos existentes, priorizando STC Metro y Metrobús.

• Revisión y, en su caso, modificación de cuotas de los diferentes sistemas de transporte público, sin finanzas sanas la mejora del servicio es insostenible.

• Fortalecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana respecto al número de elementos, capacidades, uso de tecnología, recursos materiales que permitan garantizar el cumplimiento del reglamento de tránsito.

• Implementación de medios tecnológicos para sanción de incumplimientos normativos (foto multas).

• Exámenes universales de capacidades para la emisión de licencias de conducir.

• Política de desarrollo urbano y vivienda orientada a la densificación y aprovechamiento de la infraestructura existente.

• Ampliación de infraestructura para sistemas alternativos con un enfoque complementario a la actual cobertura de los sistemas de transporte masivo..

• Integración metropolitana de sistemas de transporte y mecanismos normativos que permitan aplicar sanciones.

• Salud financiera basado en el incremento de ingresos a partir de mayores cuotas de recuperación, reorientación plena de recursos generados por multas hacía la mejora de movilidad, cero impunidad y aplicación de sanciones, diversificación de fuentes de ingresos (publicidad, espacio comerciales, etc).
  

Podríamos seguir hablando de las diferentes problemáticas vinculadas a la movilidad y sus repercusiones en la sociedad, no obstante, nos limitamos a dar una perspectiva general del gran reto que representa para las autoridades dada su complejidad y la diversidad de actores que participan en el tema.